Viviendas que en su día nacieron para cubrir una necesidad social, hoy se han convertido un buen negocio. Se trata de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) construidas en los años 80 y 90, antes de que existiera una ley -Plan Estatal de Vivienda 2002-2005- que impide su descalificación voluntaria -mecanismo para pasarlas de protegidas a libres-, independientemente de su edad.

Actualmente, por unos pocos miles de euros -lo que supone devolver las ayudas públicas recibidas para pagarlas-, aquellas casas subvencionadas por el Estado pueden desprotegerse multiplicando así su precio inicial hasta en un 1.750%.

Estas casas representan una mina de oro totalmente legal una vez que se han desprendido de su vocación social con la que fueron concebidas. En su día, costaron a sus necesitados adjudicatarios mucho menos que una vivienda libre y ahora cotizan en el mismo mercado. Y basta con un día de papeleo para descalificarlas.

De este modo, existen chalés que se vendieron en los años 80 por dos millones de pesetas y por los que hoy piden 192.000 euros -32 millones de las antiguas pesetas- o pisos que costaron seis millones de pesetas y que ahora se venden por 360.000 euros. Desorbitados incrementos a pesar de habérseles aplicado ya el ajuste vivido por el mercado inmobiliario en el último año.

9.000 euros más que rentables

José adquirió por cooperativa en 1987 un piso etiquetado como VPO durante los siguientes 30 años. Recientemente, abonando unos 9.000 euros -el importe de las ayudas que recibió para pagarla- le ha colgado el cartel del libre. Entonces, pagó “seis o siete millones de pesetas” y hoy lo vende por 315.000 euros, cifra que representa un beneficio del 875%. “He llegado a pedir 360.000 porque un vecino vendió por esa cantidad uno parecido, pero he decidido bajarlo porque no llamaba casi nadie”, afirma casi un año y medio después de ponerlo venta, justo desde que se marchó a vivir fuera de Madrid.

El ex propietario de VPO admite que cuando compró “no tenía ni idea de que el inmueble era público”. Al ser consciente de la traba, hizo el itinerario pertinente para descalificarlo y poder traspasarlo ya que legalmente: Oficina de la Vivienda de la Comunidad de Madrid, Ministerio de Vivienda, Consejería de Hacienda, Agencia Tributaria. “Creo que pasé por estas administraciones y llevando el dinero en mano, puedes arreglar todo en un solo día”.

Otro ejemplo de este ‘pelotazo’ a largo plazo lo encontramos en el barrio de San Fermín, al sur de Madrid. Hace unos 15 años, la administración autonómica dio la opción de compra de chalés sociales por dos-tres millones de pesetas a los inquilinos que residían en ellos desde hacía 40 o 50 años en régimen de arrendamiento social. “Son casas bajas de 60 metros cuadrados más patios. Su precio actual ronda los 30 o 32 millones”, apunta un agente inmobiliario que tiene en su cartera algunos de estos chalés revalorizados un 1.600%.

José Coronado, director comercial de Aldebarán Inmobiliaria, intermedia en la venta de dos antiguos pisos VPO de unos 70 metros cuadrados en el barrio de Hortaleza por los que en los 80 se pagó dos o tres millones de pesetas. Ahora buscan nuevo propietario por unos 210.000 euros (un 1.750% más). “Pertenecen a gente que necesita cambiar de casa y, sobre todo, herederos que se reparten los ingresos de la operación. Les merece la pena, y mucho, descalificarlos pagando la penalización. De lo contrario, sólo pueden traspasarlos a precio de módulo”.

Coronado reconoce que estos pisos se venden mucho más fácilmente porque su precio se puede ajustar más que los de mercado libre. “Hay mayor margen para negociar con el dueño. Aunque rebaje su pretensión económica inicial sigue ganando mucho dinero con la venta”.

Con el Plan Estatal de Vivienda 2002-2005 se puso la primera piedra para acabar con la descalificación voluntaria de las viviendas VPO. Este Plan establece un plazo de 15 años como mínimo para la transformación de un piso social en régimen libre. Después, este periodo de blindaje se aumentó aún más en el Plan 2005-2008, hasta toda la vida útil de la vivienda, considerando como tal un periodo de 30 años. El último Plan 2009-2012 (PEVR) es el más inflexible al respecto. Otorga “carácter permanente” al tiempo en el que no cabe descalificación voluntaria si los pisos están en suelo destinado a VPO o en suelo dotacional público. En cualquier caso, al menos 30 años.
Cada año se descalifican unas 24.000 viviendas de media

Sólo entre 1991-2001, hasta 663.620 viviendas obtuvieron la calificación definitiva de protegida en España, según datos del Ministerio de Vivienda. Éstas pueden mutar a libres legalmente y ver como el precio que se pagó por ellas se multiplica exponencialmente. En este sentido, y según cifras del departamento de Beatriz Corredor, 169.155 pisos han sido descalificados de 2002 a 2008 -una media de 24.000 anuales.

 

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