Rojas compareció a petición propia en el pleno del Parlamento para explicar este nuevo registro, en el que habrán de inscribirse todas las personas o familias demandantes de vivienda protegida, de promoción pública o privada.

La consejera enmarcó esta iniciativa en la política pública de vivienda de Canarias, que en su opinión es “la más potente” del país.

El registro, que contará con nueve oficinas distribuidas entre todas las islas, ofrecerá una “información actualizada y real” de la demanda de vivienda protegida y de su tipología, así como de las condiciones sociales de los demandantes.

También se agilizarán los trámites de adjudicación, dijo Inés Rojas, ya que hasta ahora las inscripciones se realizaban en los municipios y obligaban a los ayuntamientos a hacer listas de demandantes en función de los baremos.

De este modo, además de liberar de carga de trabajo a los ayuntamientos, el registro de demandantes de vivienda permitirá “planificar de forma más exacta” las promociones de vivienda en el futuro.

Las empresas constructoras y promotoras también se verán beneficiadas, porque sabrán dónde se demandan viviendas, de qué tipo y qué características tienen las familias solicitantes.

El registro permitirá que la inversión privada se canalice hacia la demanda real de la sociedad, dijo.

La consejera dijo que la empresa adjudicataria de la gestión de este registro no tomará las decisiones sobre adjudicaciones, que seguirán en manos de la administración pública.

El presupuesto de gestión es de casi 4 millones de euros para un periodo de dos años, en el que se incluyen las nueve oficinas y el personal.

La diputada del PSC-PSOE Eulalia Guerra de Paz consideró muy importante que exista un registro para saber la realidad social en la demanda de viviendas de protección y para determinar la tipología de construcción que se necesita.

Guerra de Paz criticó el exceso de propaganda sobre este nuevo registro, cuando la Consejería aún no ha llevado a debate al Parlamento el nuevo plan de vivienda. EFE

 

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